Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
Bolivia atraviesa un momento decisivo en su trayectoria económica, marcado por señales claras de desaceleración que contrastan con los años previos de crecimiento sostenido basado en el dinamismo del mercado interno y la exportación de recursos naturales; aunque hasta 2023 se registraron avances relevantes en sectores como la manufactura, recientes proyecciones de organismos internacionales advierten un panorama adverso que podría derivar en una recesión en 2026, acompañada de inflación elevada, aumento del desempleo y un entorno de alta incertidumbre, lo que no solo refleja debilidades estructurales del modelo económico, sino también la falta de una estrategia estatal eficaz para reactivar sectores clave como hidrocarburos, minería y litio; en este contexto, emerge el riesgo de que el decrecimiento sea utilizado como argumento para implementar políticas de ajuste que históricamente han recaído sobre la población, mediante medidas como la reducción del gasto público, el encarecimiento del costo de vida o la posible enajenación de activos estratégicos, profundizando las desigualdades existentes; al mismo tiempo, la contracción económica amenaza con debilitar el aparato productivo, reducir el consumo interno y provocar el cierre de pequeñas y medianas empresas, configurando un escenario cercano a la estanflación, donde el bajo crecimiento se combina con alta inflación; frente a este panorama, el debate central deja de ser únicamente técnico y se convierte en una cuestión política sobre quién asume los costos de la crisis y qué modelo de desarrollo se prioriza, planteando la urgencia de transitar desde una economía dependiente de materias primas hacia un esquema basado en la generación de valor agregado, la atracción estratégica de inversión extranjera bajo condiciones soberanas y el impulso decidido a la industrialización, todo ello acompañado de una reforma estatal que privilegie la eficiencia, la transparencia y el interés nacional, en un momento en que las decisiones que se adopten no solo determinarán la salida de la crisis, sino también el rumbo estructural del país en las próximas décadas.
Por años, Bolivia ha sostenido su crecimiento económico en el mercado interno y en los excedentes de exportación, bajo un modelo centrado en la demanda interna y la explotación de recursos naturales; incluso, hasta 2023 se observó un avance interesante en el sector manufacturero. Sin embargo, recientes informes de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten un escenario preocupante, con señales de desaceleración. En este contexto, el gobierno de Rodrigo Paz podría utilizar esta situación como justificación para aplicar un ajuste severo que afecte a la población, promoviendo la venta de empresas estratégicas y públicas, e incluso del oro de las reservas internacionales, con el fin de cubrir gastos estatales, como viajes oficiales cuestionados —incluidos los de autoridades y sus familias—, así como la importación de insumos y aditivos para la gasolina basura.
Esta situación no solo pone en cuestión el rumbo económico del país, sino también sus prioridades estructurales.
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que Bolivia enfrentará una recesión en 2026, con una contracción del PIB del -3,3%, profundizando la caída del -1,2% estimada para 2025. A ello se suma un aumento de la inflación hasta el 20,7%, un incremento del desempleo de 3,3% a 4,5% y una mejora en la cuenta corriente, que pasaría de -1,9% a un superávit de 1,2%. El organismo también advierte una alta incertidumbre, por lo que no presenta proyecciones para el período 2027-2030, y su estimación resulta ligeramente más pesimista que la del Banco Mundial, que prevé una caída del -3,2% para 2026.
La primera pregunta que surge no es técnica, sino profundamente política: ¿a quién afecta realmente este decrecimiento? La respuesta es clara. Afecta, en primer lugar, a la población. Cuando una economía se contrae, el aparato productivo se desacelera, se reducen las oportunidades laborales y se debilita la capacidad de consumo. En términos simples: hay menos empleo, menos ingresos y más incertidumbre.
Pero este escenario también abre la puerta a algo más: el ajuste económico. En contextos de crisis, el Estado encuentra justificaciones para aplicar medidas que, en condiciones normales, serían difíciles de implementar. Se argumenta la herencia de una mala gestión anterior o la necesidad de “salvar la economía”. Sin embargo, estas medidas suelen traducirse en devaluación, incremento de precios y reducción del gasto público, afectando directamente a los sectores más vulnerables.
Las causas del decrecimiento
El decrecimiento proyectado no es casual. Responde a dos factores fundamentales.
Primero, la paralización parcial del aparato productivo durante gran parte de 2025, lo que marcó una desaceleración significativa. Segundo, la falta de acción estratégica del Estado en sectores clave. Bolivia depende en gran medida de sus materias primas: hidrocarburos, minería, energía y recursos evaporíticos como el litio. No obstante, estos sectores no han sido reactivados con la rapidez ni la eficiencia necesarias.
Esta inacción tiene consecuencias directas: sin producción sostenida, no hay generación de divisas. Ante la escasez de dólares, el Estado ha optado por recurrir al endeudamiento externo, muchas veces condicionado a políticas de ajuste estructural.
Del estancamiento a la crisis
El problema no termina en el decrecimiento. Lo más preocupante es la tendencia que se perfila: una transición desde la desaceleración hacia una posible estanflación. Es decir, una combinación peligrosa de bajo crecimiento económico con alta inflación.
El mercado interno, tradicional motor del crecimiento boliviano, comienza a mostrar signos de agotamiento. La caída en el poder adquisitivo reduce el consumo, lo que a su vez afecta a pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas, incapaces de sostenerse, terminan cerrando.
Mientras tanto, las exportaciones —aunque puedan incrementarse— no son suficientes para compensar la caída general de la economía. El resultado es una desaceleración generalizada del sistema productivo.
¿Qué camino tomar?
Frente a este panorama, la respuesta no puede limitarse al ajuste. Bolivia necesita una estrategia clara y urgente basada en la generación de valor.
El primer paso es evidente: generar divisas. Pero no a cualquier costo. Es necesario atraer inversión extranjera bajo condiciones favorables para el país, garantizando que una parte significativa de las ganancias permanezca en Bolivia. Sectores como el litio, el cobre, el zinc o la energía ofrecen oportunidades concretas para ello.
Esto implica seguridad jurídica, reglas claras y una política firme que priorice el interés nacional. No se trata de ceder soberanía, sino de negociar inteligentemente.
Al mismo tiempo, el país debe avanzar hacia la industrialización. No basta con exportar materia prima; es imprescindible transformarla en productos con valor agregado. Solo así se podrá construir una economía sostenible, menos dependiente de factores externos.
Paradójicamente, incluso el propio Fondo Monetario Internacional ha señalado en distintos contextos que el fortalecimiento del mercado interno y la diversificación productiva son claves para el crecimiento sostenido.
Reformar, no improvisar
Finalmente, el Estado debe asumir un rol más eficiente. Esto implica revisar las empresas públicas, cerrar aquellas que generan pérdidas y fortalecer las que son rentables. También supone replantear políticas recientes que, lejos de impulsar la economía, podrían debilitarla, como la cesión de excedentes estratégicos al sector privado sin un beneficio claro para el país.
Bolivia no está condenada al decrecimiento. Pero evitarlo requiere decisiones inmediatas, coherentes y estructurales. La crisis actual no es solo un problema económico: es una oportunidad para redefinir el modelo de desarrollo.
El tiempo, sin embargo, juega en contra. Y en economía, como en política, las oportunidades que no se aprovechan a tiempo suelen convertirse en costos difíciles de revertir.
